El Puerto de Chancay, megaproyecto estratégico de más de US$ 3 500 millones y uno de los nodos logísticos más ambiciosos de Sudamérica, está en el centro de una disputa que involucra la fiscalización estatal y los intereses de capitales chinos.
Un fallo judicial reciente limita las funciones de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre la supervisión, fiscalización y sanción en el terminal a favor de Cosco Shipping.
La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, anunció que apelará el fallo y defendió en que «no es atribución de Cosco decidir quién fiscaliza». Aclaró que la entidad existe para regular mercados y evitar abusos monopólicos en servicios públicos, y que la Ley Portuaria obliga a supervisar a quienes prestan servicios al público.
